El tráfico de drogas es un delito contra la salud pública que puede cometerse mediante el cultivo, la elaboración o la distribución de sustancias estupefacientes, así como favoreciendo o facilitando su consumo ilegal. También puede existir responsabilidad cuando se poseen dichas sustancias con la finalidad de destinarlas a alguna de esas actividades.
Se trata de un delito que, en términos generales, no exige que llegue a producirse un daño concreto para que pueda existir responsabilidad penal. La investigación suele centrarse en aspectos como la cantidad y naturaleza de la sustancia, su forma de presentación, los medios disponibles, las comunicaciones, el dinero intervenido y el resto de indicios que puedan apuntar a un destino distinto del autoconsumo.
La pena puede variar en función de si se trata de sustancias consideradas especialmente perjudiciales para la salud, de la importancia de la actividad, de las circunstancias personales del acusado y de la posible existencia de una organización o grupo criminal. También pueden valorarse circunstancias que permitan aplicar una respuesta más favorable, como la escasa entidad de los hechos, la adicción, la colaboración con la investigación, el arrepentimiento o el seguimiento de un tratamiento de deshabituación.
Estos procedimientos pueden aparecer relacionados con otros delitos, como el blanqueo de capitales o la pertenencia a una organización o grupo criminal, por lo que requieren una revisión global de todas las actuaciones.
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